El año 2022 comenzó con la ya tradicional conferencia de política espacial de la Unión Europea en Bruselas, en su edición número 14, con importantes asuntos sobre las mesas de debate, que tuvieron su continuidad el pasado 16 de febrero con motivo del Space Summit de Toulouse. En ambas citas ha tomado forma y obtenido un gran impulso político el Programa de la Unión Europea para Conectividad Segura. Se trata de un ambicioso programa con una envolvente presupuestaria inicial de 6 mil millones de euros. De acuerdo con la propuesta de la Comisión, para el periodo 2023-27 la UE aportaría 2.400 millones de euros, provenientes de diversas partidas del marco financiero actual, siendo el resto del presupuesto aportado por inversiones privadas o contribuciones de los estados miembros. De concretarse, constituiría, junto con Galileo y Copernicus, el tercer gran programa espacial de la Unión Europea. Resulta evidente la importancia y la urgencia de que España y su industria tomen un papel activo en el mismo, lo que requiere de acciones y programas concretos.
En el momento en que esta revista salga a la luz confiamos en que haya sido publicado el PERTE Aerospacial. Dicho PERTE, financiado con fondos de recuperación europeos, deberá incluir un conjunto de proyectos espaciales y suponer un impulso notable al sector. La prioridad, desde el punto de vista industrial, son proyectos de envergadura y recorrido que traccionen al conjunto de empresas nacionales del sector y que les permita afianzar y mejorar su posicionamiento en los dominios de comunicaciones, navegación, lanzadores y observación de la Tierra. Otros países están aprovechando la oportunidad que suponen los fondos de recuperación europeos, articulándolos vía desarrollo de programas a través de un acuerdo de tercera parte con la ESA, y conectando dichos programas con iniciativas de mayor recorrido. Es claramente un modelo a seguir. Los programas objeto del PERTE deben perseguir maximizar la rentabilidad de las inversiones a largo plazo, e impulsar un desarrollo equilibrado del conjunto de la industria, tanto de la industria consolidada como de más reciente creación, y englobando primes, midcaps y PYMEs.
También este año confiamos poder asistir a la creación o al menos a la consolidación de un modelo de Agencia Espacial Española. El Proyecto de Ley, actualmente en trámite parlamentario, por el que se modifica la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, autoriza la creación de la Agencia Espacial Española, con carácter de agencia estatal, adscrita a los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Defensa. La creación de una Agencia Espacial Española contribuirá a ordenar las competencias y establecer una política nacional que sirva de guía, tanto al sector público como al privado. Así, se podrá maximizar el rendimiento de las inversiones, liderando el esfuerzo nacional en materia espacial, coordinando de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial, fomentando espacios de colaboración públicos y privados, facilitando el uso dual de las capacidades espaciales y potenciando el sector de la industria espacial nacional de forma clara y coherente. Además, la Agencia unificará la colaboración y coordinación internacional, y representará internacionalmente a España en el sector espacial.
Y a finales de 2022 nos espera la celebración de la Conferencia Ministerial de la ESA, en la que la Agencia se dotará de presupuestos para los próximos años en los dominios de ciencia y exploración espacial, seguridad espacial, observación de la Tierra, telecomunicaciones, navegación, transporte espacial y tecnología. La ESA ha constituido desde siempre el principal pilar en que se asienta la industria nacional espacial, siendo su principal fuente de desarrollo tecnológico, capacitación y consolidación en múltiples dominios. Son los programas de la ESA sobre los que ha descansado de forma muy destacada el desarrollo de nuestras empresas, su notable crecimiento en la cadena de valor, y que nos permitido crear empleo y exportar en mercados comerciales e internacionales. Es por tanto una cita importantísima donde España debe elevar su nivel de participación al menos hasta el peso que nos corresponde por PIB. En la actualidad, con una aportación de 250 millones de euros anuales, España aporta algo menos del 5.5% del total de contribuciones de los estados miembros, lejos del nivel que nos corresponde. El año 2022 debe elevar sustancialmente dicho nivel de participación. El futuro del sector depende de ello.