Hay que remontarse a junio del año 2007 cuando las tropas españolas desplegadas en la misión de Naciones Unidas en Líbano sufrieron uno de los ataques más graves que se han producido en una Operación en el exterior. En el mismo, fallecieron seis miembros de las Fuerzas Armadas y otros dos resultaron heridos de diversa gravedad. Una potente explosión de un artefacto detonado a distancia destrozaba el vehículo blindado en el que viajaban, un Blindado Medio de Ruedas (BMR).
Ese atentado sirvió para demostrar la obsolescencia y falta de seguridad de los vehículos empleados por nuestros soldados. Los vehículos BMR habían llegado a su límite de vida y ya no podían hacer frente a las nuevas tácticas, técnicas y procedimientos empleados por nuestros adversarios.
Era el momento de buscar el reemplazo a esos vehículos, por lo que se puso en marcha el proceso de adquisición de unos nuevos blindados sobre ruedas que permitieran a nuestros soldados cumplir sus misiones con los máximos estándares de seguridad.
Como medida de urgencia se compraron los vehículos Lince y RG31 sin que la industria española obtuviera los retornos deseados ya que gran parte de su fabricación se realizó en Italia y en Sudáfrica.
Las limitaciones presupuestarias existentes impidieron afrontar el proceso de la renovación total de la flota del Ejército de Tierra hasta que en el año 2015 el programa de obtención se dividió en dos fases. Una primera para el desarrollo e integración de diversos sistemas procedentes de programas de I+D+i (cinco programas tecnológicos y un sexto programa de integración de sistemas en plataforma), cuyo resultado estamos muy próximos a ver, y una segunda fase de producción en serie del vehículo definitivo.
La primera fase ya implicó la integración y coordinación de tres importantes empresas de defensa en nuestro país, como son General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas, INDRA y SAPA Operaciones, a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE). El resultado de esta primera fase serán cinco demostradores que permitirán la verificación y validación de los diferentes sistemas en un entorno operativo. Lo previsto inicialmente era que, tras la recepción de los vehículos demostradores y la evaluación por parte del propio Ejército de Tierra, en la que se ajustaran al mínimo detalle los requerimientos exigidos, se lanzara la fase de producción. Debido a varios retrasos, nos vimos obligados a modificar lo planificado, solapando las dos fases iniciales, ya que de haberlo realizado según la previsión inicial, hubiera implicado demorar aún más el reemplazo de los vetustos BMR y que nuestras tropas no dispusieran del material más apto para poder cumplir sus misiones con la máxima seguridad y eficacia y, sobre todo disponer de un vehículo tecnológicamente avanzado propio del siglo en el que nos encontramos.
Por considerar que las tecnologías desarrolladas ya estaban maduras y que se habían reducido sustancialmente los riesgos, el pasado año se aprobó la primera fase de la etapa de producción lo que implica adquirir 348 vehículos en diversas versiones y configuraciones. Esta compra fue autorizada en el mes de julio en Consejo de Ministros, con la aprobación de un techo de gasto de 2.100 M€.
No voy a entrar en las dificultades de la contratación que llevaron a rechazar la oferta presentada por el único licitador y declararla desierta a finales del año 2019. Hemos pasado página, pero esta circunstancia no ha desviado la atención del Ministerio de Defensa que sigue considerando que el Programa del VCR 8×8 “Dragón” es una de las principales prioridades del Departamento y por ello nunca se ha dejado de trabajar con el objetivo de sacarlo adelante.
Este año, a pesar de las dificultades añadidas por la pandemia que seguimos sufriendo del COVID-19, hemos continuado trabajando estudiando diferentes alternativas.
En el proceso de proveer a las Fuerzas Armadas de los medios materiales necesarios para el cumplimiento eficaz de sus misiones, resulta esencial contar con una base industrial y tecnológica nacional consolidada que permita a España disponer de los tres elementos fundamentales vinculados al ejercicio de su soberanía: la “seguridad en el suministro”, la “ventaja operativa” y la “autonomía de acción”. La Directiva de Defensa Nacional califica a la industria española de defensa como el “suministrador idóneo de las necesidades de nuestras FAS”. En consecuencia, la industria de defensa nacional es un activo estratégico irrenunciable. Además, se trata de un sector tecnológicamente avanzado, cuyo I+D+i tienen efectos derivados en muchos ámbitos de nuestra economía y beneficios tangibles para nuestra sociedad.
En este sentido, la industria de defensa en España debe tener un especial protagonismo durante los próximos años en la recuperación económica que necesita nuestro país. Las inversiones en defensa tienen un efecto multiplicador de cara a la exportación de esos materiales, y, por supuesto debemos seguir garantizando la alta cualificación alcanzada por el personal de este sector.
La industria española de defensa tiene una capacitación, un prestigio internacional y una independencia tecnológica esencial. No podemos dejar que se pierda o degrade. Además, en estos momentos las industrias de defensa deben mirar al futuro y apostar al máximo por no solo mantener las capacidades que había alcanzado, sino por incrementarlas lo antes posible incrementado su capacitación tecnológica y creando empleo de calidad.
Para ello, la industria española de defensa cuenta con el respaldo del Ministerio de Defensa. Debemos seguir con las inversiones ya programadas y aprobadas, sin renunciar a ellas, no solo por lo ya mencionado de mantener el empleo, sino porque esas inversiones representan un firme compromiso con las Fuerzas Armadas y, se las debemos a los hombres y mujeres que han jurado defender España. En fechas recientes, ante la pandemia que nos afecta, las Fuerzas Armadas han demostrado su valía, independientemente de contar o no con los medios adecuados, pero nosotros, tanto el nivel político como las industrias de defensa, no podemos consentir que los militares españoles no dispongan de los mejores medios a nuestro alcance y, sobre todo, que esos medios les ofrezcan la mayor protección posible.
Retomando el asunto principal del Programa VCR 8×8 “Dragón”, la presentación de una oferta no solicitada que encaja con los requisitos exigidos por el Ministerio de Defensa prevé la constitución de una Sociedad Anónima para la ejecución del programa, con las tres empresas participantes en la ya mencionada primera fase, de desarrollo tecnológico, a la que se ha sumado Escribano. A partir de ese momento, se iniciará el proceso de licitación, con la firme intención de que dicho contrato pueda firmarse durante el tercer trimestre de 2020.
La propuesta de estas empresas satisface las necesidades del Ejército de Tierra, además de permitir retener la autoridad de diseño en España y favorecer una alta participación de la industria nacional con un porcentaje que nunca será inferior al 70%. El plan industrial de este programa va a tener efectos muy positivos en la economía nacional y en el fomento del empleo, teniendo especial incidencia en Asturias, Sevilla, Guipúzcoa y Madrid, donde se prevé la creación de 650 puestos de trabajo directos y otros 1.000 indirectos. Además, esta solución también dará una carga importante de trabajo para la industria nacional durante todo su ciclo de vida, que no será inferior a 40 años.